El presidente Donald Trump advirtió que podría invocar la llamada Insurrection Act luego del tiroteo ocurrido durante un operativo federal de inmigración en Minneapolis, un hecho que detonó protestas y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en varios puntos de la ciudad.
De acuerdo con reportes oficiales, un agente federal disparó contra un hombre durante una operación de ICE realizada en el norte de Minneapolis. El individuo resultó herido en una pierna y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia. Otros dos hombres también fueron detenidos tras un forcejeo con el agente. Las autoridades federales señalaron que el disparo ocurrió en medio de un enfrentamiento físico.
Horas después del incidente, decenas de personas salieron a las calles en rechazo al operativo y al uso de fuerza federal. Las protestas se extendieron durante la noche, con presencia de gases lacrimógenos, explosiones aturdidoras y el despliegue de agentes federales adicionales en la zona.
En ese contexto, Trump declaró que su gobierno evalúa la posibilidad de aplicar la Insurrection Act, una ley federal que permite al presidente desplegar fuerzas militares dentro del territorio estadounidense cuando considera que el orden público está siendo superado por disturbios, violencia o rebelión.
Esta legislación, poco utilizada en la historia reciente, otorga amplios poderes al Ejecutivo para intervenir directamente en estados o ciudades sin necesidad de una solicitud formal de los gobernadores, lo que ha generado preocupación entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
Autoridades locales en Minnesota han pedido calma y han insistido en que la situación debe manejarse por canales civiles y judiciales, mientras líderes comunitarios advierten que una mayor militarización podría agravar la tensión social.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado que la ley vaya a ser aplicada de manera inmediata, pero sí dejó claro que la opción está “sobre la mesa” si continúan las protestas o se presentan nuevos disturbios.
El caso ocurre en medio de un clima político marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, el aumento de operativos federales en distintas ciudades del país y un creciente debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del gobierno federal.
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