La policía de Nashville insiste en que no hace inmigración, pero reconoce un límite: no controla lo que ocurre a nivel federal
En Nashville, la conversación sobre seguridad ya no se queda solo en el delito.
Se mueve en otro terreno: el de la confianza y lo que pasa después de usarla.
Durante una conferencia de la alcaldía, surgió una preocupación que no es nueva, pero sí cada vez más visible en la comunidad inmigrante: el miedo a denunciar.
No por el momento del reporte. Sino por lo que viene después.
Cuando el caso entra al sistema, hay que ir a corte y dar testimonio.
Alli, la pregunta dejó de ser general y se volvió concreta: qué ocurre con la persona que decide colaborar, pero teme que pueda tener consecuencias migratorias.
La respuesta no fue evasiva, pero tampoco absoluta.
El jefe de la Policía Metropolitana, John Drake, reiteró que ellos no realizan labores de inmigración y que su enfoque está en investigar delitos, sin importar el estatus migratorio de las personas.
Sin embargo, también dejó claro el límite: la policía no puede controlar lo que haga el gobierno federal.
A nivel nacional, el propio jefe de policía ha sido parte de conversaciones con otras agencias del país que buscan presionar por cambios en la forma en que se están llevando a cabo estas acciones. Incluso, se ha enviado comunicación directa a autoridades federales cuestionando algunas de las tácticas utilizadas.
Ese punto marca la diferencia entre lo que las autoridades pueden garantizar… y lo que no.
El punto donde la confianza se pone a prueba
En medio de esa preocupación, existen mecanismos dentro del sistema que pueden ofrecer alternativas en ciertos casos, como la posibilidad de que víctimas participen en procesos sin tener que presentarse físicamente en una corte.
Sin embargo, estas opciones no siempre son conocidas por la comunidad, lo que contribuye a que el temor persista, incluso cuando hay vías diseñadas para proteger a quienes deciden denunciar.
Porque aunque el mensaje oficial insiste en que la comunidad hispana sigue reportando delitos y mantiene niveles de confianza —incluso superiores a otros grupos según encuestas internas—, el temor no desaparece.
Se transforma. Pasa del momento de la denuncia al proceso judicial.
De la interacción con la policía… a la incertidumbre frente a otras agencias.
En ese contexto, las autoridades locales apelan a que las personas conozcan sus derechos y continúen reportando delitos, bajo la premisa de que una comunidad que no denuncia es más vulnerable.
Pero el desafío sigue siendo el mismo: cómo sostener esa confianza cuando el sistema no es uno solo.
Cuando intervienen distintos niveles de autoridad.
Y cuando, para muchos, dar un paso al frente no solo implica hablar… sino asumir un riesgo.
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