¿Qué tienen que ver los equipos para SWAT, los escuadrones antibombas, los rescates en helicóptero y la preparación ante posibles ataques terroristas con la manera en que se cuentan y verifican los votos?
Una disputa por fondos federales destinados a seguridad pública terminó mezclando esos dos mundos después de que Nashville se uniera a otras jurisdicciones para demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a FEMA.
Metro Nashville sostiene que el gobierno federal está utilizando dinero destinado a seguridad pública y preparación ante emergencias para presionar a gobiernos locales a implementar nuevos requisitos relacionados con la administración de elecciones.
El gobierno federal sostiene exactamente lo contrario: que proteger la integridad de los procesos electorales también forma parte de la seguridad nacional.
En medio del choque está el dinero. FEMA puede retener inicialmente el 20% de determinados fondos federales si las jurisdicciones no cumplen con las nuevas condiciones.
Y para Nashville no estamos hablando de recursos abstractos.
MILLONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA ENTRAN EN LA DISPUTA
El área Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin tiene asignados aproximadamente $3.8 millones para 2026 a través de la Urban Area Security Initiative, que forma parte del Homeland Security Grant Program.
Son recursos destinados a fortalecer la capacidad de las autoridades locales para prevenir y responder ante amenazas de seguridad y grandes emergencias.
Entre las necesidades para las que Nashville pretende utilizar estos fondos se encuentran equipos de protección y un vehículo blindado para SWAT, recursos para el escuadrón antibombas, perros especializados, tecnología para detectar amenazas químicas y biológicas, equipos infrarrojos de búsqueda y herramientas utilizadas en operaciones de rescate con helicópteros.
También incluyen capacitación especializada para primeros respondedores.
Pero para recibir la totalidad del dinero, ahora existe otra conversación sobre la mesa: las elecciones.
BOLETAS, AUDITORÍAS Y VERIFICACIÓN DE CIUDADANÍA
Las nuevas condiciones incluyen varios requisitos relacionados con la administración electoral.
Entre ellos está la presentación de un plan para avanzar hacia sistemas que utilicen boletas de papel marcadas a mano en lugar de determinados equipos electrónicos que codifican los votos mediante códigos de barras o códigos QR.
También se contempla una auditoría manual de al menos el 5% de los votos emitidos en elecciones federales y una reconciliación entre el número de personas que votaron y la cantidad de boletas contabilizadas.
Otro punto involucra a SAVE, el sistema federal utilizado para verificar información migratoria y ciudadanía.
Las condiciones contemplan utilizar ese sistema para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar y también de determinados trabajadores electorales o personas con acceso a sistemas de votación.
Nashville cuestiona tanto la autoridad federal para imponer esas condiciones mediante estos fondos como algunos de los costos y procedimientos que implicaría cumplirlas.
En Tennessee, por ejemplo, los trabajadores electorales adultos ya deben ser votantes registrados y, por consiguiente, ciudadanos estadounidenses. Metro argumenta que añadir una verificación mediante SAVE implicaría establecer otro proceso para comprobar algo que ya exige la ley estatal.
CUMPLIR TAMBIÉN TENDRÍA UN COSTO PARA NASHVILLE
La pelea no se reduce al 20% que podría ser retenido.
Metro sostiene que implementar algunos de los cambios también requeriría dinero, personal y modificaciones operativas.
Davidson County utiliza actualmente dispositivos electrónicos para marcar boletas y escáneres para procesarlas. Cambiar parte de ese sistema podría requerir nuevos equipos y procedimientos.
Una auditoría manual del 5% de los votos también necesitaría personal adicional y horas de trabajo.
La ciudad sostiene además que la Comisión Electoral de Davidson County no cuenta actualmente con personal dedicado ni con un procedimiento establecido para realizar verificaciones masivas del padrón electoral mediante SAVE.
Eso coloca a Nashville frente a dos escenarios que podrían tener consecuencias económicas: cumplir con requisitos que considera improcedentes y asumir sus costos, o arriesgar parte de los fondos federales destinados a seguridad.
FEMA DEFIENDE LAS CONDICIONES
FEMA no comparte la interpretación de Nashville.
La agencia ha defendido las nuevas exigencias bajo el argumento de que la seguridad electoral forma parte de la seguridad nacional y que proteger los sistemas de votación, los registros y los procesos electorales justifica establecer condiciones para acceder a la totalidad de determinados fondos.
Ese punto es importante porque evita simplificar la controversia como una pelea entre “dinero para emergencias” y “elecciones”.
Desde la perspectiva federal, las elecciones son infraestructura crítica y protegerlas entra dentro de las responsabilidades de seguridad nacional.
Nashville no necesariamente está discutiendo que las elecciones deban ser seguras.
Lo que cuestiona es si FEMA y DHS tienen autoridad para utilizar estos fondos específicos como herramienta para imponer determinadas políticas electorales a gobiernos estatales y locales.
Ahí está realmente el corazón de la demanda.
NASHVILLE NO ESTÁ SOLA
Metro Nashville y Davidson County participan en la acción legal junto con Columbus, Ohio; Harris County, Texas; y El Paso County, Texas.
Los demandantes buscan que una corte federal invalide las condiciones electorales y evite que DHS y FEMA retengan, suspendan o cancelen fondos por no implementarlas.
La demanda también plantea una discusión más amplia sobre los límites del poder federal.
El Congreso puede entregar dinero a estados y gobiernos locales estableciendo condiciones para utilizarlo. Pero la disputa ahora es si una agencia del Ejecutivo puede añadir este tipo de exigencias y si existe una relación suficiente entre esas condiciones y el propósito para el cual fueron autorizados los fondos.
Eso será precisamente lo que tendrá que determinar el tribunal.
UNA PELEA QUE VA MÁS ALLÁ DEL 20%
Por ahora, Nashville no ha perdido todos sus fondos federales de seguridad, ni una corte ha determinado que las nuevas condiciones sean ilegales.
La demanda apenas abre la batalla judicial.
Pero detrás del porcentaje y de los argumentos constitucionales existe una discusión con consecuencias muy concretas para Nashville: cuánto dinero llegará finalmente para equipar y entrenar a quienes responden cuando ocurre una emergencia y qué deberá hacer la ciudad para recibirlo.
Para el gobierno federal, las condiciones electorales buscan proteger una parte fundamental de la infraestructura estadounidense.
Para Nashville, FEMA está utilizando recursos destinados a primeros respondedores y seguridad pública para intentar imponer decisiones electorales que exceden las facultades de la agencia.
Ahora ambas posiciones tendrán que enfrentarse en tribunales.
Y mientras eso ocurre, fondos destinados a preparar a Nashville para su próxima gran emergencia quedaron atrapados en una batalla que comenzó en las urnas.
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