La organización TIRRC Votes denunció públicamente el inicio de lo que califica como una nueva ofensiva legislativa contra comunidades inmigrantes en Tennessee, justo cuando comienza la sesión 2026 de la Asamblea General estatal. De acuerdo con el grupo, la supermayoría republicana estaría preparando un paquete de propuestas en colaboración con Stephen Miller, exasesor del expresidente Donald Trump y una de las figuras más visibles de la política de deportaciones masivas a nivel nacional.
En un comunicado difundido en Nashville, la directora ejecutiva de TIRRC Votes, Lisa Sherman Luna, señaló que la organización se prepara para enfrentar un escenario legislativo que, según afirma, prioriza medidas de control migratorio por encima de temas como educación, salud y estabilidad económica para las familias trabajadoras del estado.
La organización apuntó directamente al liderazgo del Congreso estatal, mencionando al presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton, y al legislador Jason Zachary como figuras clave dentro de la estrategia que, aseguran, busca ampliar la cooperación con políticas federales de inmigración más estrictas.TIRRC Votes afirmó que más de 1,200 residentes de Tennessee firmaron en menos de 48 horas una petición para exigir la salida de ICE de comunidades del estado, en medio de un clima nacional marcado por protestas y críticas tras recientes operativos migratorios en Minnesota y otros puntos del país.
Según la Coalisión, sus esfuerzos durante esta sesión legislativa incluirán campañas informativas, llamados directos a contactar a representantes estatales y participación en jornadas de activismo en el Capitolio de Tennessee, con el objetivo de frenar lo que describen como una escalada en el uso de recursos públicos para operativos migratorios.
TIRRC también sostuvo que una gran parte de la población inmigrante en Tennessee vive y trabaja legalmente en el estado, contribuyendo a sectores clave de la economía local, y advirtió que nuevas restricciones podrían afectar tanto a familias como a empleadores y servicios comunitarios.
Hasta el momento, los líderes legislativos señalados no han emitido una respuesta pública directa a las acusaciones contenidas en el comunicado.
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